Milenio destaca en su primera plana la nota referente a el rechazo de la Secretaría de Marina a dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionadas con la muerte de dos civiles mientras realizaba operativos en Cuernavaca, Morelos, para la detención del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes, del cártel de Sinaloa.

Una recomendación fue emitida por la muerte de Patricia Terroba, quien fue acribillada al salir del fraccionamiento donde se realizaba un operativo el 11 de diciembre de 2009. La segunda es por la muerte del tortillero Ignacio Aguilar, quien murió en el fuego cruzado del 16 de diciembre, fecha en la que fue abatido Beltrán Leyva.

En la recomendación 72/2010 la CNDH observó que la noche del 16 de diciembre de 2009 elementos de esa dependencia dispararon en la colonia Del Empleado, en Cuernavaca, Morelos, y varios proyectiles alcanzaron la camioneta en que viajaba Ignacio Aguilar.

Por lo que respecta a la recomendación 83/2010, se estableció que la madrugada del 11 de diciembre de 2009 personal de la Armada de México realizó disparos contra el vehículo que conducía Patricia Terroba, quien salía de su domicilio del fraccionamiento Los Limoneros, en Cuernavaca, y perdió la vida en ese lugar.

En ambos casos la CNDH concluyó que “los elementos de la Marina incurrieron en uso arbitrario de la fuerza pública y vulneraron, en perjuicio de los agraviados, los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica”.

De acuerdo con las evidencias recabadas por la comisión, se puntualiza que “en los operativos (descritos) los elementos navales no realizaron una adecuada planeación y desprotegieron la integridad física de las víctimas, ya que, no obstante que señalaron que sus acciones fueron en legítima defensa con el ánimo de defenderse de presuntos integrantes de una banda delictiva, en ningún momento adoptaron las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de personas ajenas a los operativos”.

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